El Espinal correntino a merced de las topadoras

La Fundación Iberá alertó acerca de las primeras habilitaciones para desmontes de fracciones del bosque nativo conocido como "Espinal Mesopotámico" en los departamentos Curuzú Cuatiá y Sauce de la Provincia de Corrientes, legalmente amparados en un Plan de Ordenamiento de Bosques Nativos que se halla cuestionado ante la justicia a la espera de pronta resolución y fue declarado ilegal por las máximas autoridades nacionales en materia de medio ambiente. Mercedes, Corrientes, 18 de Diciembre 2011: El Gobierno de Corrientes convocó a una Audiencia Pública para el día 21 de diciembre en la ciudad de Curuzú Cuatiá para dar cumplimiento a la habilitación de desmontes de unas 12 mil hectáreas de Espinal repartidas en siete establecimientos rurales.

Según la organización ambientalista correntina el procedimiento está viciado de ilegalidad y resulta por lo menos imprudente, ya que expone a los productores rurales a situaciones jurídicamente comprometidas.
La Fundación Iberá impugnó la constitucionalidad del Plan de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Corrientes (POTBN) por ser una mera reproducción del decreto 1439/9, mediante un Recurso de Amparo presentado en agosto de 2010.

El POTBN correntino había sido manipulado en la legislatura por mandato del ejecutivo provincial de manera artificiosa para justamente dar vía libre a los desmontes en el tercio provincial sur conocido como "Espinal", un ecosistema típico y valioso de la naturaleza correntina.

El pedido de inconstitucionalidad de la norma contó con el apoyo de legisladores provinciales, técnicos y científicos intervinientes en el desarrollo del plan (organismos dependientes del CONICET) y de las principales organizaciones conservacionistas del país, como Greenpeace, Fundación Biodiversidad, Aves Argentinas, Fundación Proteger y Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Pese a ello y a más de un año de radicada la causa, el Juez interviniente no ha resuelto nada, dejando ver la pesada influencia de los sistemáticos, continuos e intimidantes mensajes emitidos por parte de las máximas esferas del Ejecutivo Provincial.

Es que es justamente en esta área del Espinal donde las empresas COPRA y ADECO AGRO, pretenden la instalación de la Represa Ayuí Grande, afectando bosques ribereños del Espinal y fueron éstos intereses, con fuerte apoyo del Ejecutivo, los que impulsaron que todo el Espinal quedara pintado de verde y a merced de las topadoras.

Una reciente resolución de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación analizó el caso pormenorizadamente y sentenció concluyente: "El plan de ordenamiento de bosques correntinos es Ilegal" (Resolución 1238/2011).

De esta forma, la provincia de Corrientes desafía y vulnera la implementación de la Ley Nacional de Protección de los Bosques Nativos, la Ley Gral. del ambiente y cuanta norma jurídica se oponga a los intereses del ejecutivo provincial, ofreciendo un pésimo antecedente, que compromete incluso inversiones privadas de manera irresponsable, dejando expuestos a productores que podrían estar actuando de buena fe.

La Fundación Iberá no pretende que el Espinal sea declarado "intocable", pero reclama que el Plan de Ordenamiento sea una herramienta técnica y legalmente válida que permita el uso sostenible de los recursos forestales. Este procedimiento es en cambio, abiertamente ilegal y se espera que sea anulado por las autoridades pertinentes.
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El Estado Nacional resolvió que la Represa Ayuí Grande es legalmente incompatible

La Fundación Reserva del Iberá celebra la resolución de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, emitida el día 24 de Agosto con el número 1238/2011, mediante la cual el Sr. Secretario Dr. Juan J. Mussi, ESTABLECE que el Proyecto Productivo Ayuí Grande resulta INCOMPATIBLE con el régimen legal vigente en la Républica Argentina.

La Resolución se funda en el trabajo colegiado de un grupo interdisciplinario de expertos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable que analizó cientos de hojas de antecedentes aportados por la Provincia de Corrientes luego de que varias intimaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El documento establece la incompatibilidad del Proyecto Productivo Ayuí Grande luego de considerar las obligaciones argentinas en el ámbito del Tratado del Río Uruguay, la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y la Ley Nacional de Conservación de los Bosques Nativos (Ley 26.331).

La Resolución expresa que dicho proyecto, aunque impulsado en el ámbito de la provincia de Corrientes, excede dicho territorio provincial y avanza sobre jurisdicciones de otra competencia, a través del eje fluvial Ayuí-Miriñay-Uruguay.

La resolución no omite referencia directa a errores y omisiones severas en la Evaluación de Impacto Ambiental encomendada por las empresas impulsoras del proyecto al Ing. Agr. Jorge Adámoli de la Universidad de Buenos Aires.

Finalmente –hecho que la Fundación Iberá interpreta fundamental para el alcance de una política ambiental madura en la provincia de Corrientes– la resolución pone en tela de juicio a la propia Ley de Bosques Nativos de la Provincia de Corrientes, al señalar que: “Resulta evidente que la Ley Provincial de Corrientes Nº 5974 del 2010 no se ajusta a la Ley Nº 26.331, en virtud de haber clasificado en la Categoría III (verde), de manera uniforme y desmontable, el 94% de los Bosques Nativos contenidos en la Región del Espinal”.

Cabe recordar que la Fundación Reserva del Iberá demandó a la Provincia de Corrientes ante la Justicia ordinaria provincial mediante un Recurso de Amparo para que dicha Ley de Bosques Nativos de Corrientes sea declarada nula, cuestión en la que entiende el Juzgado en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Mercedes a cargo del reconocido Juez Dr. René Buffil.

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El Proyecto de Represa Ayuí Grande y la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

COMUNICADO DE LA FUNDACIÓN RESERVA DEL IBERÁ
MERCEDES – CORRIENTES – 22 de Junio de 2011

La Fundación Reserva del Iberá analiza el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que levanta la prohibición a la provincia de Corrientes para autorizar obras de la Represa del Arroyo Ayuí Grande y espera definiciones por parte del Estado Nacional.
Mediante un fallo emitido el día 14 de Junio de 2011 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio por agotado el proceso mediante el cual había prohibido a la provincia de Corrientes autorizar obras para la construcción de la Represa del Arroyo Ayuí Grande.

Lo hizo al considerar cumplido el cometido de dicho proceso, que había sido solicitado por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Dr. Aníbal Fernández, bajo los supuestos de un posible impacto ambiental que trascendiera los límites de la provincia de Corrientes.

El objeto de la medida de “no innovar” había sido que la Provincia de Corrientes entregue a la Nación la documentación necesaria para que pueda evaluar el caso, ya que dicha información no era remitida luego de recurrentes solicitudes por vía formal.

Es importante destacar que con esta medida (trasmitida en un fallo del 12 de Noviembre de 2010), la Corte Suprema reconoció la injerencia del Poder Ejecutivo Nacional en la materia.

El fallo mediante el cual da por extinguido el proceso, rechaza el aporte voluntario de terceros a la causa (por considerarlo excesivo a los objetivos planteados en la misma) e indica que el Poder Ejecutivo nacional no registró movimientos en el expediente, motivo por el cual una vez transcurrido el plazo de 90 días para la medida de no innovar, se entiende que su objeto había sido cumplido.

La Corte Suprema no resuelve el fondo de la cuestión. Pero sí reconoce la ingerencia de la parte demandante (Poder Ejecutivo Nacional) y exige la entrega de información a la parte demandada (Provincia de Corrientes). La extinción del procedimiento no quita la competencia reconocida en favor del Estado Nacional, ni expresa juicio de valor alguno sobre los impactos del proyecto de Represa.

Por lo tanto resultan falsas las expresiones emitidas en un comunicado oficial del gobierno correntino, que expresan textualmente:

“La Corte Suprema rechazó intervenir en la cuestión Ayuí y falló a favor de la Provincia”,

“Rechazó el recurso de amparo interpuesto por Nación y da la razón a la postura del Gobierno provincial”,

“Aceptó los argumentos del gobierno de Corrientes, sustentados en factores generadores de progreso que no dañan la fauna ni la flora del ecosistema de este afluente del río Miriñay”.

Esta actitud resulta, además de engañosa, claramente imprudente, toda vez que el Estado Nacional conserva la posibilidad de ejercer su –ahora reconocida por el máximo órgano de Justicia de la Nación– injerencia en la materia.

El Estado Nacional tiene más de un motivo para intervenir en el caso, sea en resguardo de las relaciones bilaterales con la República Oriental del Uruguay, como en custodia del buen ejercicio de la Ley Nacional 26.331 de Conservación de los Bosques Nativos, ya que la misma fue implementada en la Provincia de Corrientes de una forma que la Fundación Iberá considera irregular y anticonstitucional. Primero, a través de un Decreto del Poder Ejecutivo que fue anulado por la Justicia Provincial a instancias de un Recurso de Amparo presentado por la fundación, y luego a través de la sanción de una Ley (Nro. 5974), que traslada los mismos vicios y se encuentra actualmente procesada en un nuevo Recurso de Amparo.


Información de Contactos para la Prensa

Dra. María Belén Blanco: 03774 15463401
Sr. Enrique Lacour: 03773 15400769
Lic. Aníbal Parera: 03773-15466969
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GOBERNADOR COLOMBI Y EL CASO AYUÍ: “MIENTE, MIENTE… QUE AL FINAL ¿ALGO QUEDARÁ?”

Desde que la Corte Suprema de la Nación dio por "agotado" el amparo que prohibía a la Provincia de Corrientes avanzar con los permisos de obra para que los empresarios arroceros vinculados a Soros y Clarín puedan represar el Ayuí, empresarios y autoridades del ejecutivo provincial emiten comunicados que tergiversan la decisión de la justicia...No estoy citando a ese detestable personaje en la historia de la humanidad llamado Goebbels, sino a Voltaire, a quien realmente pertenece la frase, que figura en una carta de 1736 recopilada en sus obras completas. Pero fue el ministro de propaganda del Tercer Reich quien perfeccionó el «concepto». Lo que jamás habrá sospechado es que tendría sus más conspicuos discípulos en Corrientes.

Corrientes: Diputada Provincial María Inés Fagetti

A raíz del reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el caso “Ayuí”, el Gobernador sostuvo que ese Alto Tribunal reconoce “la autonomía provincial” y que “se trata de una cuestión que compete claramente a la órbita de Corrientes”.

El comunicado oficial emitido por el Gobierno provincial –que parece escrito por Goebbels- se titula: “La Corte Suprema rechazó intervenir en la “Cuestión Ayuí” y falló a favor de la Provincia”, para luego reseñar farsantemente que el máximo tribunal “aceptó los argumentos presentados por la provincia de Corrientes”, que “rechazó el recurso de amparo interpuesto por Nación y da la razón a la postura del Gobierno provincial”, que “aceptó los argumentos del gobierno de Corrientes, sustentados en factores generadores de progreso que no dañan la fauna ni la flora del ecosistema de este afluente del río Miriñay”.

¡Nada de eso ha dicho la Corte Suprema..!

¿Como se puede mentir tanto y tan descaradamente?

Basta una simple lectura de los tres pronunciamientos que la Corte dictó en la causa “Estado Nacional c/ Corrientes, Provincia de s/ amparo” para que hasta el más desprevenido advierta la deliberada tergiversación del tema que hizo el Gobierno correntino.

El 14 de septiembre de 2010 la Corte se declaró competente para conocer en la causa iniciada por el Estado Nacional contra la Provincia de Corrientes, a fin de que cese en su actitud omisiva y le haga entrega de todos los antecedentes e informes, incluidos los
estudios de impacto ambiental, relacionados con el proyecto de construcción de la represa sobre el Arroyo Ayuí, a los efectos de que las áreas competentes del Estado Nacional puedan expedirse acerca de su viabilidad, en virtud del eventual incumplimiento del Estatuto del Río Uruguay que podría implicar. En base a ello dió curso a la acción de amparo y, para mejor proveer, requirió a la Provincia de Corrientes que informe si habían comenzado las obras y, en tal caso, su estado de avance; o, en su defecto, para qué fecha estaba programado el inicio de las tareas de construcción pertinentes.

Posteriormente, en su fallo del 12 de noviembre de 2010, la Corte dispuso hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por el Estado Nacional y, en consecuencia, entregar a las autoridades nacionales la documentación presentada por la Provincia de Corrientes a los efectos de que, en el plazo de noventa (90) días corridos, valore si las obras concernientes al “Proyecto Productivo Ayuí Grande” se encontrarían alcanzadas por las previsiones del Estatuto del Río Uruguay, suspendiendo por dicho plazo las obras proyectadas.

Lo destacable de este último pronunciamiento es que la Corte dejó en claro dos cuestiones:

Ante el planteo de la Provincia de rechazar la intervención del Estado Nacional invocando el derecho a poder explotar sus recursos naturales (lo que Colombi llama “autonomía provincial”), la Corte dio la razón al Gobierno Nacional citando un fallo precedente en el que se sostuvo que no puede pensarse que “los jueces nacionales careciesen de jurisdicción para amparar a los agentes del Presidente de la República en el desempeño de sus comisiones, pues quedaría desarmado el poder nacional para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales.
Se tuvo por probada la reticencia y ocultamiento por parte de la Provincia de la información referida al proyecto Ayuí Grande que le fuera requerida reiteradamente por la Cancillería Argentina, sosteniendo la Corte que “las excusas invocadas por el señor gobernador para no remitir a las autoridades nacionales la documentación que le fue requerida, no constituyen razones suficientes para justificar esa negativa”.


Es así que en su último fallo del 14 de junio pasado, la Corte declaró extinguido el proceso por haberse agotado el objeto del mismo, que era únicamente lograr que la Provincia de Corrientes entregara a las autoridades nacionales la información y documentación referida al proyecto Ayuí, que pretendió ocultar obstinadamente (más seguramente por las irregularidades e ilegalidades de dicho proyecto que por la supuesta defensa de la autonomía provincial).

Queda claro entonces que no hay ni una sola palabra, ni un solo argumento del más alto Tribunal de la Nación que permita siquiera interpretar que el fallo “da vía libre al aprovechamiento del arroyo Ayuí” como lo sostienen las usinas goebbelianas colombistas.

La del megaproyecto Ayuí es una triste historia para los correntinos, pero felizmente aún con final abierto.

Ojalá que en ese final no sean las mentiras las que queden.

Que los ciudadanos saquen sus propias conclusiones.



MARIA INES FAGETTI

Diputada Provincial

Presidente de la Comisión de Ecología y Ambiente
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“Queremos un país donde impere la ley por sobre todas las cosas”

Así lo manifestó Andrés Bosso, Director Ejecutivo de Aves Argentinas, frente a la comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación. Representantes de diferentes ONG´s expusieron su preocupación en referencia al proyecto de construcción de una represa en el Arroyo Ayuí Grande de la provincia de Corrientes, que amenaza seriamente el ecosistema del lugar.


Durante la última reunión de comisión de Recursos Naturales que se desarrolló en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, diferentes organizaciones ambientalistas acudieron a la misma, para exponer y argumentar las irregularidades existentes y las graves consecuencias venideras, de concretarse el proyecto de construcción de una represa en el Arroyo Ayuí Grande en la provincia de Corrientes. El mismo, representa una amenaza para la preservación de la biodiversidad regional, por tratarse de un área donde habitan gran cantidad de especies poseedoras de un alto valor para la conservación nacional e internacional.


La reunión, encabezada por el presidente de la comisión de RRNN, el Diputado Nacional Miguel Bonasso, tuvo como orador al biólogo Aníbal Parera, quien acompaña a la correntina Fundación Reserva del Iberá en la campaña en defensa del Ayuí desde hace cinco años: “Está muy bien que en Corrientes se desarrolle el cultivo de arroz, nadie está en contra de eso, pero los productores que quieren hacer represas para irrigar deben utilizar los pequeños cursos de agua que caben en sus propiedades para lograrlas, y no como en este caso, que pretenden dejar bajo el agua a un arroyo que tienen al lado, pero no les pertenece”, señaló Parera, que a su vez trasladó la preocupación a la forma en que el irregular procedimiento de habilitación terminó torciendo la implementación de la Ley de Bosques en la provincia de Corrientes.


Por su parte, Andrés Bosso, director ejecutivo de Aves Argentinas, expresó que dentro de las 15 mil Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AICAS) identificadas en el mundo, 273 pertenecen a la Argentina, y 16 de ellas están en la provincia de Corrientes, incluyendo el Espinal de Mercedes: “El corazón de esta AICA es ni más ni menos que el Arroyo Ayuí Grande, habitado por especies como el Águila Coronada, Corbatitas o el Cardenal Amarillo”, reflexionó Bosso para enfatizar: “De entregar las 8500 hectáreas que se tiene pensado para llevar adelante este proyecto trasnochado, profundizará la situación de riesgo ya existente”.

También se hizo presente en la reunión Ana di Pangracio, Coordinadora de Conservación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que brindó un marco jurídico a la temática presentada, y argumentó que se trata de un curso de agua que pertenece a todos y que quiere ser afectado, cuando Argentina se comprometió internacionalmente a conservar y utilizar responsablemente sus recursos naturales. Señaló además que “este proyecto vulnera la constitución provincial, y se están burlando de la ley de bosques buscando la vuelta para poder hacer lo que quieren”.


Entre las voces de los legisladores resulta para destacar el testimonio de la Diputada Nacional por Corrientes Maria Josefa Aretta, quién es oriunda de la localidad de Monte Caseros, emplazada en la desembocadura del Río Miriñay sobre el Uruguay… “Hace muchos años que nuestro Río Uruguay no es el mismo, si hasta el agua que tomamos tiene olor a insecticida; y este proyecto no hace más que aumentar nuestro temor por la calidad de las aguas que necesitamos para vivir”.


El presidente de la comisión, Diputado Nacional Miguel Bonasso, expresó su máximo agradecimiento por las exposiciones indubitables y aseguró que “el del Ayuí es uno de los grandes temas ambientales del país”. Al mismo tiempo, se sumó el Vicepresidente del la Comisión, Diputado Jorge Cejas, quien destacó que “es importante que los legisladores demostremos que este no es un tema teñido por la política, y que quienes integramos esta comisión demostremos que podemos estar todos juntos emitiendo nuestro rechazo a este proyecto de represa”.


Los asesores de los diputados presentes, tomaron nota de los testimonios presentados para encausar el desarrollo de una declaración conjunta de rechazo a este proyecto, que ya se encuentra cuestionado en el ámbito de los tres poderes del Estado Nacional.
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Visión siete: Luis Picolini un productor que ya fue afectado por una represa

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Informe TV Pública - Represa sobre el Aº Ayuí Grande y la violación de Normas Fundamentales

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Posición de Greenpeace sobre el proyecto Represa del Ayuí Grande y el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Corrientes

Desde hace más de cinco años un grupo de empresas arroceras pretende represar el arroyo Ayuí Grande, sepultando 8.000 hectáreas bajo las aguas de un lago artificial, alterando el régimen de este importante curso de agua y eliminando valiosos bosques nativos. Dicho proyecto fue duramente cuestionado por Greenpeace y varias organizaciones ambientalistas desde su inicio. [1]Para que el proyecto de la Represa del Ayuí Grande sea factible se necesita que el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Corrientes clasifique a los bosques ribereños que quedarían inundados en la Categoría III (verde), la cual permite su desmonte total o parcial.



El artículo 9º de la Ley 26.331 establece en forma precisa que se deberán incluir en la Categoría I (rojo) a las “áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica”.



Resulta sorprendente entonces que gran parte de los bosques del Espinal cercanos a sistemas hídricos (incluyendo a los linderos con el arroyo Ayuí Grande) no fueran incorporados en el Ordenamiento Territorial de la provincia en la Categoría I (rojo), entendidos como “sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse”.



Por otra parte el Ordenamiento Territorial de Corrientes, tampoco cumple con los “Criterios de Sustentabilidad Ambiental para el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos”, del Anexo de la Ley que en su punto 9 establece: “Potencial de conservación de cuencas: consiste en determinar la existencias de áreas que poseen una posición estratégica para la conservación de cuencas hídricas y para asegurar la provisión de agua en cantidad y calidad necesarias. En este sentido tienen especial valor las áreas de protección de nacientes, bordes de cauces de agua permanentes y transitorios, y la franja de “bosques nublados”, las áreas de recarga de acuíferos, los sitios de humedales o Ramsar, áreas grandes con pendientes superiores al (5%), etc.”.



Frente a ello, organizaciones ambientalistas de todo el país presentaron sus objeciones a dicho Ordenamiento, mediante un documento conjunto.



Pse a las críticas, el Poder Ejecutivo de Corrientes decidió su sanción, sin ningún cambio, mediante el Decreto 1439/09, y el 9 de diciembre de 2009 aprobó el proyecto Represa del Ayuí Grande mediante el decreto 2353/09.



En diciembre de 2009, la Justicia hizo lugar a la demanda de la Fundación Reserva del Iberá contra el Estado de la Provincia de Corrientes, declarando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del Decreto 1439/09, que establecía el Ordenamiento Territorial de Bosques de la provincia.



Sin embargo, en lugar de modificarlo para que el mismo cumpla con la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el Poder Ejecutivo de Corrientes decidió enviar a la legislatura un proyecto de ley exactamente igual al decreto rechazado por la Justicia.



Así, en mayo de 2010, la legislatura correntina sancionó la Ley Provincial Nº 5.974 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Corrientes, cuyo mapa de zonificación es idéntico al anulado en su momento por la Justicia.



Consideramos que el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Corrientes se opone a los objetivos y criterios de conservación establecidos en la Ley de Bosques, ya que no protege importantes zonas boscosas continuas del Espinal y no le pone freno al avance de la frontera agropecuaria y a la fragmentación de sus bosques.



Teniendo en cuenta el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, según el cual “corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”, entendemos que esta norma resulta inconstitucional al no cumplir con la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.



En ese marco, volvemos a señalar que para Greenpeace el proyecto Represa del Ayuí Grande resulta ambiental y jurídicamente inaceptable.




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[1] http://www.mimercedes.com.ar/masnotas.php?ampliar=1197

http://www.corrienteshoy.com/vernota.asp?id_noticia=62651

http://www.laprovinciadigital.com.ar/notix/noticia.php?i=20877


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Posición institucional de Aves Argentinas en relación al proyecto Represa del Arroyo Ayuí Grande

Agosto 2010

Aves Argentinas desea expresar su preocupación en relación con el proyecto de la Represa de Arroyo Ayuí Grande, en la provincia de Corrientes.La cuenca del Arroyo Ayuí Grande constituye un corredor natural que comunica dos grandes áreas de interés ornitológico, como son el bosque xerófilo denominado Espinal y los Esteros del Iberá. Estas ecorregiones se caracterizan por una elevada biodiversidad y son de particular interés para la conservación de las aves de bosque y de pastizal con riesgo de extinción.
Desde el punto de vista de conservación para las aves, el Arroyo Ayuí Grande conecta áreas importantes para la conservación de las aves (AICAs - http://www.avesargentinas.org.ar/cs/conservacion/aicas/home.html), en particular entre el Espinal de Mercedes (CR13) y la Reserva Natural Provincial Iberá (CR10 y otros). La cuenca del mencionado arroyo conecta poblaciones de aves amenazadas de pastizal y de bosque como capuchinos, Cardenal Amarillo, y recientemente la recolonización del Águila Coronada (*Ver tabla abajo).
La desaparición de corredores de bosques del Espinal y el anegamiento y la transformación de extensas zonas de pastizal en áreas de cultivo, podría tener consecuencias negativas irreversibles sobre las poblaciones de estas especies que poseen un alto valor para la conservación a escala nacional e internacional.
Es llamativo el hecho de que en el documento “Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia de Corrientes” se haya definido que la mayor parte de los bosques del Espinal fueran asignados con la Categoría III (Verde), habiendo establecido explícitamente en el criterio 5 de dicho documento la importancia particular de los bosques ribereños y marginales como vitales para la conectividad entre regiones. Los bosques asociados al Arroyo Ayui Grande están incluidos en dicha categoría (pág. 72 OTBN Corrientes, Diciembre 2008).
Además, el artículo 9º de la Ley Nacional 26.331 establece en forma precisa que se deberán incluir en la Categoría I (rojo) a las “áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica”.
La ubicación geográfica relativa del Arroyo Ayuí Grande, su valor de conectividad entre ecorregiones y la presencia de especies con riesgo de extinción tal como se expresó al inicio de este documento, son particularmente las condiciones explicadas en el artículo 9º de la mencionada Ley Nacional y que deberían ser suficientes para ser consideradas en la Categoría I (Rojo), entendidos como “sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse”.
Cabe recordar que dicha Ley 26.331 es una norma de presupuestos mínimos dictada en consonancia con lo previsto por el artículo 41º, párrafo 3º de la Constitución Nacional, por lo que las disposiciones provinciales en la materia pueden complementar o aumentar los niveles de protección en ella fijados, pero no disminuirlos.
Ante las evidencias expresadas en este documento, Aves Argentinas exige que se descarte de plano la posibilidad de concretar la obra de represa del Arroyo Ayuí Grande y sea reevaluada la importancia relativa de los bosques del Espinal en virtud de la importancia de estos ambientes para la conservación de la biodiversidad regional.
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La Fundación Reserva del Iberá presentó un nuevo Recurso de Amparo contra la Ley que ordena los Bosques Nativos en Corrientes

El viernes 20 de agosto ingresó en el Juzgado a cargo del Dr. Gustavo René Bufill de la ciudad de Mercedes (Corrientes) un Recurso de Amparo de la Fundación Iberá, mediante el cual se solicita la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Provincial Nº 5974 que aprueba el ordenamiento territorial de los Bosques Nativos de Corrientes, sancionada para favorecer intereses particulares.

Mercedes, Corrientes. 20 de Agosto de 2010- A las 11 de la mañana del viernes 19 de agosto, el Presidente de la Fundación Iberá[1] Enrique Lacour y el Secretario Pedro Healy, abandonaron la sede del Juzgado Civil de Mercedes, pidiendo la urgente intervención del Juez Bufill, ingresando una demanda de seiscientas fojas preparada por la Abogada civilista Dra. María Belén Blanco Representante Legal Ad honorem de la fundación.

“Nuestra demanda demuestra que el Plan de Ordenamiento de los Bosques Nativos de Corrientes es inconstitucional, plagado de errores y vicios que terminan desprotegiendo los bosques nativos, en particular los de la región del Espinal, que abarca los departamentos del centro y sur de la provincia, incluyendo a Mercedes”, explicó Lacour.

El titular de la organización conservacionista explicó que la fundación hizo lo posible por contribuir a la construcción de un Plan de Ordenamiento de los Bosques Nativos respetuoso de la norma nacional de presupuestos mínimos sobre la protección de los bosques, elaborando un petitorio firmado por 23 organizaciones y presentado en todas las audiencias públicas, pero que sin embargo fue completamente desoído.

El mismo Plan de Ordenamiento había sido aprobado por Decreto del anterior Gobernador Arturo Colombi, en una alocada carrera contrarreloj para aprobar la Represa del Ayuí Grande (en ese momento detenida por la inexistencia del Plan de Ordenamiento de los Bosques, y la consecuente paralización de los permisos de desmontes). Sin embargo, el decreto no resistió el Recurso de Amparo que la propia fundación había presentado en el juzgado mercedeño, el que fue tachado de nulidad por ser inconstitucional, dicha resolución fue ratificada más tarde por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.

Cuando las autoridades advirtieron el escollo fueron a la legislatura correntina, para presionar por una inmediata aprobación del mismo Plan de Ordenamiento de Bosques, pero esta vez en el formato de una Ley. A pesar de las advertencias de la Comisión de Ecología de la Cámara de Diputados, presidida por la Diputada María Inés Fagetti de Mansutti, la Ley fue obtenida con la celeridad que logran las consabidas presiones desde el Ejecutivo y los sectores de lobby.

El sospechoso procedimiento había sido analizado por el constitucionalista Daniel Sabsay y el Biólogo Aníbal Parera, quiénes publicaron una severa denuncia sobre el caso, bajo el título “Hay trampa en la Ley de Bosques de Corrientes”[2]. La apresurada ley era sin embargo portadora de todos los defectos técnicos del anterior decreto, pero además intentaba validar los procedimientos administrativos operados en los breves días del Decreto anulado por la justicia, entiéndase la aprobación de la Represa del Ayuí Grande, que las compañías Copra y Adeco Agro promueven en Mercedes, afectando bosques ribereños del valioso arroyo correntino.

“Con la nueva presentación realizada ante la Justicia, la Fundación Iberá espera se detengan todos los permisos de desmontes, hasta tanto se logre un Plan de Ordenamiento de los Bosques nativos, acorde a los principios rectores de la Ley y en beneficio de todos los correntinos, que amalgame la preservación de los recursos naturales con los derechos de los productores rurales”, explicó la Dra. María Belén Blanco.

Por su parte el Secretario de la Fundación Iberá Pedro Healy, conocido localmente por su trayectoria en temas de ruralidad, expresó que en ningún momento la fundación pretende ser contraria a los intereses del sector agropecuario. No está en contra del cultivo de arroz, y por el contrario, lo considera una actividad productiva en la provincia, y que no debe confundirse a todos los arroceros con un grupo menor (dos empresas), que pretenden hacer las cosas fuera de la ley, afectando el medio ambiente y perjudicando a otros productores de la baja cuenca del Ayuí-Miriñay.

FIN


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[1] www.fundacionibera.com.ar



[2] http://www.el-litoral.com.ar/leer_noticia.asp?IdNoticia=137360
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Vision 7: Filmus su vision de la problemática

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TV Pública - Vision Siete: Informe especial desde la ciudad de Mercedes

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TV Pública - El biólogo Aníbal Parera comenta la situación en el piso de Visión Siete

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Vision Siete - Enrique Lacour en el lugar donde se crearía el lago - 12/08/2010

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Represa Aª Ayuí Grande: Informe TV Publica

La TV Pública (Canal 7) se hace eco de la polémica por la Represa del Ayuí (11/08/2010)

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Polémica por construcción de una represa

Favio Landriscina recuerda que en el Canal Rural quisieron censurar un programa sobre el tema



Mas información: http://tiempo.elargentino.com/notas/para-que-no-hablara-de-los-negocios-de-aranda-me-censuraron
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Tapa del Diario Tiempo Argentino del 8/08/2010

Por Fernando Pittaro

José Antonio Aranda, en sociedad con George Soros, construirá una represa e inundará 8 mil hectáreas (la mitad de la Capital Federal) para cumplir su sueño empresario. La queja de los productores. La denuncia del hijo de Landriscina.Imagínense la mitad de la Ciudad de Buenos Aires sepultada bajo el agua. Así quedarán 8000 hectáreas de la localidad correntina de Mercedes. Para lograrlo, regularán el agua de un arroyo que regará 20 mil hectáreas de arroz. Desaparecerán bosques en galería a lo largo de 50 kilómetros y numerosas especies nativas. Será la primera vez en la Argentina que un curso de agua, de dominio público, esté al servicio de empresarios privados. Se trata de la Represa Ayuí Grande, una obra monumental que encara el vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda, en alianza con el magnate húngaro George Soros.
Los que se oponen al proyecto señalan que hay un agravante mayor: tanto la Legislatura como el gobierno provincial lo avalaron. “Es una locura que se permitan este tipo de emprendimientos. Sólo hay antecedentes de obras similares cuando el Estado las realiza como obra pública, en beneficio de toda la población, para proveer electricidad, por ejemplo. Pero en este caso, son dos empresarios que se apropian de un río solamente con ánimo de lucro”, denuncia a Tiempo Argentino el biólogo Aníbal Parera. María Vallejos es una de las tantas voces de la localidad de Mercedes que se levantó en contra del emprendimiento. En diálogo con con este diario, resume su posición y remarca lo difícil que es instalar el tema en los medios locales y provinciales: “Al principio fue casi imposible que los medios de comunicación se hicieran eco de nuestro reclamo. Las empresas hicieron una campaña publicitaria impresionante. Hasta le prometieron 100 mil pesos al hospital local. Son intereses muy poderosos los que hay detrás. Somos conscientes que estamos dando una batalla muy desigual.” Pero la lucha por ganar la pulseada de la opinión pública no sólo quedó limitada a los medios de la provincia. La polémica se instaló en los medios nacionales, cuando durante el año 2008 el Canal Rural, del cual el Grupo Clarín es accionista, censuró un programa de Luis Landriscina donde entrevistaba a Enrique Lacour, Presidente de Fundación Iberá, la principal ONG que se opone a la construcción de la represa (ver recuadro).
El propio Lacour sabe que el proyecto tenía el visto bueno de lo más alto del poder provincial. “Me imagino que no se van a oponer a este proyecto, mirá que hay orden de arriba. Esto se hace o se hace”, le dijo personalmente el Ingeniero Mario Rujana, Interventor del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA).
Los intereses comerciales que están detrás del emprendimiento arrocero tienen nombre y apellido. Es el de las empresas Copra SA, cuyo titular es el vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda, y Adecoagro, de George Soros (ver recuadro).
Pero todos coinciden en que es el propio Aranda el que mayor apuro tiene en comenzar las obras. Los campos de Soros y Aranda son vecinos. Apenas están separados por el Arroyo Ayuí –que por su caudal, los lugareños llaman “río”–, el mismo que quieren embalsar para aumentar exponencialmente la producción de arroz hasta llegar a 120 mil toneladas anuales. El paredón que contempla la construcción de la represa unirá a los dos empresarios y permitirá regar unas 20 mil hectáreas de las 70 mil que ambos tienen sobre la costa del espejo de agua (ver infografía). La mayor parte de la producción se exporta a Venezuela y, en menor medida, a Brasil. “Ellos que hablan tanto del maldito Chávez, le exportan todo a Venezuela”, agrega irónicamente Lacour.
“Don Aranda”, como lo conocen en Mercedes, es un hombre de peso en el ámbito ganadero y arrocero de la región. Actualmente es presidente de la Asociación Bradford Argentina y tiene una excelente llegada a la Sociedad Rural local. Los viejos pobladores cuentan que siempre mantuvo un bajo perfil. Llegó a Corrientes hace más de veinte años y fue comprando varios campos en la zona hasta llegar a las 40 mil hectáreas que tiene actualmente, en su mayoría dedicadas a la producción de arroz (ver recuadro).
Hay una persona que responde por Aranda en suelo correntino. Es el contador Ricardo Freire, su mano derecha y operador comercial en Mercedes, una ciudad históricamente ganadera que de a poco le va dando lugar al negocio arrocero. A Freire todos lo conocen como “El Guasón”. A pesar de que vive a cuatro cuadras de las oficinas de Copra, en la calle Sarmiento 879, llega todos los días en una imponente camioneta Jeep Cherokee negra. Después de varios intentos, dialogó con Tiempo: “Hay ciertos sectores que generan información distorsionada. Quieren estigmatizar el arroz, pero hay que entender que es un cultivo que alimenta al mundo. Tiene más de 10 mil años de historia. No es un problema producir alimentos, todo lo contrario, producir alimentos es construir a la paz mundial. El mundo necesita alimentos, y los que están en condiciones de producirlo, tienen la obligación de hacerlo.”
Pero donde Freire ve progreso económico y un aporte a la paz mundial, los especialistas en medio ambiente hacen hincapié en los graves daños que sufrirá el ecosistema.

–¿No le preocupa el impacto ambiental que producirá?
–Todo acto del hombre implica un impacto. Esta comunicación telefónica está generando un impacto. El impacto ambiental existe, ya que estamos modificando cierta región para desarrollar el proyecto, pero siempre tratando de causar el menor daño posible. Pero el mayor impacto es el social y el económico: crearemos 1500 nuevos puestos de trabajo entre mano de obra directa e indirecta. Teniendo en cuenta que más del 50% de la población correntina tiene problemas de trabajo y pobreza, aportar semejante inversión creo que es uno de los elementos fundamentales que las autoridades tuvieron en cuenta para apoyarnos.
–Pero el agua es un bien público. Es ilegal apropiársela.
–El agua es un bien público que administra el Estado, pero nosotros no nos apropiamos, nos van a dar una concesión para utilizar el agua. Además, Corrientes es una provincia donde el agua abunda y la agricultura apenas llega al 1% de las tierras cultivables.

Es la propia historia correntina la que contradice los dichos del gerente de Copra. Basta con conocer la historia de Luis Picolini, un productor agropecuario de Paso de los Libres que vivió en carne propia los efectos devastadores de una represa. Fue en 1992 cuando empresarios brasileños se radicaron en el lugar y prometieron trabajo estable y abastecimiento de agua para los campos. Sucedió todo lo contrario. Sólo quedó el tendal. Mientras recorre las instalaciones obsoletas de su campo, recuerda los comienzos junto a su padre. Empezó sembrando diez hectáreas y llegó a tener 200. Pero hace 18 años que no planta arroz porque la represa secó el cauce río abajo. Aún conserva las cosechadoras oxidadas y las secadoras de arroz abandonadas junto a los silos vacíos.
Paradójicamente, el campo de Picolini se llama El Progreso. Recién el año pasado terminó de cancelar un crédito con el Banco Nación por la compra de un silo que ya no usa. “De bronca dejé todo ahí afuera, que se pudra. Que quede como un registro del avasallamiento que sufrí”, relata angustiado a este diario.

–¿Qué piensa de la Represa Ayuí Grande?
–La represa que quieren construir ahora es dos veces más grande que la que me perjudicó a mí. Imagínense el desastre que va a ser. Yo soy la prueba fehaciente de las mentiras de estos empresarios y la manipulación que hacen de la gente, prometiéndole cosas que nunca llegan. Dicen que no va a existir la seca como había antes, pero es mentira, cuando haya problemas de agua con la represa ellos van a regular el nivel de agua. De tan ambiciosos que son, siembran más de la capacidad de riego que tiene la represa, entonces nunca alcanza el agua para el resto de los productores.

El proyecto tiene otro costado polémico. La provisión de energía a precio accesible era una de las condiciones básicas, según cuenta Enrique Lacour, de Fundación Iberá, para que la inversión sea rentable. Por eso fue que Aranda comenzó a aceitar las fluidas relaciones que ya tenía con el poder político provincial.

–¿Cómo consiguen la energía a bajo costo?
–Para que semejante proyecto les cierre tienen que obtener electricidad a bajo precio. Porque con el uso de combustible el negocio no les daba. Entones convencieron a la provincia y a la Nación y lograron construir una estación de rebaje de la línea de alta tensión de Yacyretá que va hacia Buenos Aires, con la excusa que se abastecía de electricidad al pueblo de Mercedes”, denuncia Lacour.
–¿Cuánta energía consumirán?
–Piensan consumir tres veces lo que consume la ciudad de Mercedes sólo para alimentar la represa. Todo simula que es un reaseguro energético para la comunidad, pero el verdadero impulso es la construcción del dique.

Humberto Rodríguez nació en Curuzú Cuatiá pero vive en Mercedes. Hace 28 años que es guardaparque provincial en la Laguna Iberá, a 50 kilómetros de donde se quiere construir la represa. Es otra de las voces que se levantan en contra del Proyecto Ayuí.
“Pensá que la laguna Iberá tiene 5500 hectáreas. Y ellos piensan hacer un lago artificial de un día para otro casi dos veces mayor y, encima, dicen que no van a causar daño. Al Grupo Clarín no le vamos a enseñar lo que es formar opinión. Pero esto es demasiado. Acá se está armando la mini patria arrocera y todos son cómplices. Lo más grave es el antecedente, si se construye una represa, todos van a querer construir otras y sería algo imparable”, señala indignado el guardaparque.
A medida que la Fundación Iberá y un grupo de vecinos comenzaron a marcar los aspectos negativos del proyecto, de a poco la población fue informándose de los verdaderos alcances del emprendimiento. Al principio, la idea de nuevas inversiones en la ciudad había tenido buena recepción. La promesa de nuevos puestos de trabajo ilusionó a muchos.
Sobre el supuesto beneficio económico que la obra dejará en la ciudad de Mercedes, hay más dudas que certezas. El guardaparque de la Laguna Iberá sostiene que todo es parte de una gran campaña de márketing y que poco será lo que quede en el pueblo: “Aranda y compañía juegan con la necesidad de la gente. Lo venden como la panacea.”

–Dicen que crearán 1500 puestos de trabajo.
–Es una gran mentira. Todos sabemos que estas megaarroceras tienen casi todo tecnificado, la mano de obra que usan es mínima. El grueso del personal contratado será temporal.

La diputada provincial María Inés Fagetti, presidenta de la Comisión de Ecología de la Legislatura, piensa lo mismo. La creación de puestos de trabajo, dice, es una máscara que oculta los verdaderos intereses de la inversión: “Habrá trabajo mientras se construya la represa, pero después serán muy pocos. Los emprendimientos arroceros emplean poca mano de obra, mayormente en negro y hasta apelando al trabajo infantil.” La justicia provincial deberá expedirse sobre la constitucionalidad del ordenamiento territorial de bosques, que el ex gobernador Arturo Colombi autorizó por decreto y luego la Legislatura lo convalidó por una ley (ver recuadro). Como la norma en cuestión está en vigencia, no hay ningún freno para que empiecen las obras. Los propios encargados de poner en marcha la Represa Ayuí Grande sostienen que los primeros ladrillos estarán en septiembre. No obstante, el biólogo Aníbal Parera confía en que la justicia podrá revertir la situación. “Es inadmisible que empresarios privados se apropien de un curso de agua que es un bien público. Está terminantemente prohibido en el Código Civil. Si recorrés el arroyo quedás impactado por la belleza del lugar, con palmeras, bosques en galería y selva. No entra en la cabeza de nadie que todo eso quede bajo agua.”
En la cabeza de José Antonio Aranda y George Soros, sí.

Fuente: Diario Tiempo Argentino: http://tiempo.elargentino.com/notas/vicepresidente-del-grupo-clarin-privatizo-rio-para-plantar-arroz

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Hay trampa en la Ley de Bosques de Corrientes

Por Daniel Sabsay y Aníbal Parera *

Esta Ley no aprueba ningún Plan de Ordenamiento de los Bosques y se limita a presentar un mapa de zonificación!, sin memoria técnica y descriptiva del plan.


Los procedimientos técnicos y políticos para lograr la aprobación de un supuesto ordenamiento de los Bosques Nativos de Corrientes rayan el escándalo, y a la recientemente sancionada Ley Provincial para su aprobación, le costará resistir el análisis de la Justicia, por ser un instrumento viciado y realizado a medida de intereses con suficiente ascendencia sobre los políticos en ejercicio del Poder de esta provincia.
Recién promulgada por el Gobernador Colombi, esta es una Ley que no cumple con los “Presupuestos Mínimos” que propone la Ley Nacional 26.331 para la Protección de los Bosques Nativos, y por lo tanto resultaría impensado como una norma válida a sus efectos.
Uno de estos presupuestos es el de un “proceso participativo” en su confección. En el proceso correntino ni siquiera los integrantes de los equipos técnicos están de acuerdo con el proyecto alcanzado, y así lo han manifestado públicamente en reuniones mantenidas en la mismísima legislatura correntina. En el mismo sentido, tampoco se cumplió con la convocatoria a los municipios para trabajar y consensuar este plan, según reza claramente el Artículo 62 de la Constitución de Corrientes.
El siguiente presupuesto de la Ley Nacional que ha sido defraudado en Corrientes es la consideración de una serie de criterios técnicos para ponderar el valor de conservación de los bosques. En el ejercicio Correntino estos criterios fueron considerados en franco desafío al principio de ecuanimidad, asignándose importancia dispar a cada criterio según los bosques de qué zona, quedando sistemáticamente desvalorizados los bosques de un sector en particular, denominado “Espinal”, que abarca los departamentos del sur provincial.
Como consecuencia de lo anterior se observan en el mapa casos inexplicables, donde un mismo bosque, con todos sus criterios de valoración exactamente iguales, es “rojo” en un lugar y “verde” al lado. Tal vez el caso más claro sea el de los bosques en galería del Río Uruguay, en rojo hasta que entran en la zona procesada diferencialmente, donde pasan a “verde” sin que cambie absolutamente ninguno de los criterios de valoración para ellos.
Al dejar al Espinal prácticamente desprotegido, en su mayoría pintado de verde incluso en sus bosques ribereños, que son importantes para evitar la erosión en ríos y arroyos, la norma queda otra vez por debajo de un presupuesto manifiesto en la ley nacional: el de preservar los bosques protectores de cuencas (léase bosques ribereños).
En el camino de la deformación de las fórmulas para alcanzar este mapa del descalabro ambiental del Espinal correntino, los responsables parecen haberse acostumbrado a esconder procedimientos. En ello traspusieron un límite que debieron haber respetado, ya que sus criterios y definiciones (en definitiva el mismísimo “plan”), no aparece en ningún lado dentro de la Ley sancionada por los legisladores, ni siquiera como anexo, por lo cual debe decirse que ¡Esta Ley no aprueba ningún Plan de Ordenamiento de los Bosques y se limita a presentar un mapa de zonificación!, sin memoria técnica y descriptiva del plan.
La aventurada planificación correntina incumple así un principio básico y fundamental de la Ley Nacional, que exige a las provincias que aprueben “Planes de Ordenamiento” y no simples mapas resultantes de procedimientos que no quedan publicados en ningún lado.
Está claro que la nueva Ley correntina no sirve y es, al igual que el Decreto 1439/09 –con el que el Gobernador Arturo Colombi había pretendido la aprobación del mismo “plan”, pero que fue anulado por la Justicia–, fruto del apuro y las presiones ejercidas desde grupos interesados en obtener permisos de desmonte. A esta altura, a nadie escapa que el proyecto de la Represa del Ayuí Grande centra sus expectativas en los permisos que solicita para desmontar “Bosques Ribereños del Espinal”.
Esta Ley ya está cuestionada en la Justicia y sus pormenores se encuentran investigados por el Fiscal Buenaventura Duarte, a expensas de una denuncia realizada por la Diputada que preside la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados; y próximamente será objeto de un nuevo Recurso de Amparo por parte de la Fundación Reserva del Iberá.
La irresponsabilidad con que fue conducido el proceso fue advertida y publicitada de muchas maneras, incluso por varios legisladores que votaron en disidencia; y desafortunadamente ocasionará nuevas pérdidas al sector productivo de la provincia, que merece la seguridad jurídica y el acompañamiento administrativo de una Ley seria y conducente.

* El Dr. Daniel Sabsay es abogado constitucionalista y Presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. El Lic. Aníbal Parera es biólogo especialista en Recursos Naturales Renovables, con antecedentes como director de importantes entidades conservacionistas del país.
Fuente: Diario El Litoral: http://www.el-litoral.com.ar/leer_noticia.asp?IdNoticia=137360
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Ayuí Grande, la gran solución ¿para quién?

(Por Carlos Pérego).
Nuevamente el Gobernador Ricardo Colombi manifiesta su intención de avalar el mas grande atropello ecológico de la provincia, al avalar la construcción de la represa del Ayuí, para hacer mas efectivo el pronunciamiento lo hizo frente al titular de la empresa Copra, José Aranda, quien es el segundo directivo del Grupo Clarín, en un remate de hacienda en la ciudad de Mercedes.


Asimismo se explayó sobre la construcción de dos pasteras en territorio correntino, negando el perjuicio ecológico de las mismas.
La actitud netamente economicista fuera de todo sentido común manifestada por el Gobernador Ricardo Colombi al avalar proyectos que, contrariamente a lo que pregonan, son muy importantes solamente para sus propietarios y el beneficio económico para la provincia será mínimo, las industrias que se pretenden instalar en suelo correntino, la represa y las pasteras, una vez concretadas las obras civiles, darán trabajo solamente a un grupo muy reducido de personas y con altas calificaciones profesionales, dada las características de que todas las maquinarias que se usaran en ambos emprendimientos son completamente automáticas y para ser manejadas por personal muy especializado, que seguramente vendrán de otras latitudes.

Basta solamente averiguar que es lo que sucedió con las fuentes de trabajo prometidas por Botnia a los habitantes de Fray Bentos en Uruguay.

La posición oficial relacionada con los emprendimientos chocan hasta con fallos judiciales, ya que el proyecto Ayuí está suspendido por la declaración de inconstitucionalidad dictada por el Supremo Tribunal de Justicia de la provincia al Ordenamiento de Bosques Nativos decretada por el gobierno de Arturo Colombi pocos días antes de dejar el cargo para beneficiar solamente al pool de empresas arroceras asentadas en la ciudad de Mercedes, en un total acuerdo con el actual Gobernador, su primo Ricardo.

Increíblemente el gobierno de Ricardo Colombi, a poco mas de 4 meses de haber asumido, no acierta a tomar ni una medida relacionada al mejoramiento de la calidad de vida de todos los correntinos, de ese millón de conciudadanos que dice querer defender, pero que con las medidas que pretende tomar solamente defiende los intereses de tan solo un puñado de empresarios y seguramente el de otro puñado de políticos. Muy lejos está de cumplir con las palabras de campaña.

La dualidad con que se maneja con respecto al gobierno anterior, el de su primo y que fuera puesto por él, al que acusa permanentemente de todos los males recibidos y actos de corrupción inenarrables, pero que judicialmente no hace mas que dilatar cualquier tipo de denuncias, demuestra fehacientemente que los intereses de los Colombi fueron y son similares en lo que respecta a la destrucción del medio ambiente y el beneficio a grupos empresariales, curiosamente radicados en la ciudad natal de ambos.

Algunas de las frases expresadas por el primer mandatario marcan definitivamente el norte que se ha fijado como meta de gobierno, y que se sigue manejando con una completa intolerancia, que curiosamente se queja de la falta de apoyo nacional pero no brinda ningún tipo de alternativa para que pueda ser ayudado, permanentemente acusando a quienes piensan diferente, en este caso el justicialismo, de poner palos en la rueda pero a su vez negándose constantemente al dialogo para poder sacar a la provincia del estancamiento en que se encuentra, pero en forma racional y consensuada con todos los sectores que hacen a la realidad correntina.

Frases polémicas

“no tenemos que tener tantos problemas por el hecho de tener una pastera".

"Las posiciones extremas no sirven para nada, la filosofía de este Gobierno es que todas aquellas inversiones que lleven adelante valor agregado, producción, trabajo y bien estar, van a ser apoyadas y no nos vamos a rasgar las vestiduras, porque nuestro árbol esté destinado a las pasteras, no nos vamos a rasgar las vestiduras

“el desarrollo arrocero, necesita de fuertes inversiones para que la provincia de Corrientes pueda seguir siendo considerada en el contexto nacional, la primera provincia productora de arroz".

"El Proyecto Ayuí tiene que salir, lo dije en el sector arrocero necesitamos inversiones, necesitamos que Corrientes pueda vender alimentos del mundo, creo que aplicando el criterio de la razonabilidad se puede seguir plantando, y hoy Mercedes fundamentalmente está llamado a ocupar un lugar muy importante en la producción arrocera" afirmó el Gobernador en Mercedes.

Estas son la muestra cabal de un gobernante que dice gobernar para todo un pueblo pero que se benefician unos pocos, muy, muy pocos.

Terraplén de Yahaveré

Una muestra mas para graficar las pretenciones del gobierno fueron las manifestaciones del Ministro de la Producción Jorge Vara, quien a su vez es Presidente de la Asociación de Arroceros de Corrientes, quien se opone, a pesar de que la justicia lo ordenó, a la destrucción del terraplén de Yahaveré, aduciendo que es de utilidad para los pobladores del lugar y solicitando que en vez de destruir la barrera se coloquen alcantarillas para el escurrimiento del agua. De darse esta alternativa propuesta por el funcionario de Ricardo Colombi se estaría beneficiando nuevamente a la empresa y no a los pobladores perjudicados por la actitud de la misma que cortó el escurrimiento libre del agua hacia la laguna del Iberá con la única finalidad de mejorar los terrenos para la cría de ganado, aunque dicha obra construida ilegalmente, inundara y destruyera los vienes de los habitantes del otro lado de dicho terraplén.

Una visión muy miope de la realidad correntina, en donde se está gobernando solamente para grupos empresariales mientras que Corrientes es la provincia con mas pobres del país.

Fuente: Diario digital MOMARANDÚ: http://www.momarandu.com/amanoticias.php?a=6&b=0&c=103461
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Una vez mas, un arroyo amenzado por una represa

Nota acerca del Ayuí publicada en la revista "Naturaleza & Conservacion" de Aves Argentinas.




Para acceder a la nota haga click aquí: http://www.proteger.org.ar/download/archivos/aves-argentinas-ayui-cardozo.pdf


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La Defensoría del Pueblo advierte los riesgos sociales y ambientales que generará emprendimiento en Corrientes

El Adjunto I de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, remitió un informe a la Legislatura de la provincia de Corrientes advirtiendo sobre el impacto ambiental negativo que tendrá la construcción de una represa sobre el arroyo Ayuí Grande, en el departamento de Mercedes de dicha provincia.

Un consorcio productivo tiene prevista la creación de un lago artificial de 8.000 ha para disponer del agua que permita el riego de unas 20.000 ha de cultivos que se instalarían en esa zona. "Esto implica sepultar bajo el agua 50 km. de costas, bosques nativos, pastizales y pajonales que constituyen el paisaje natural de la zona y tienen continuidad ambiental con los esteros del Iberá", señala Sella.


Consigna el informe de la Defensoría nacional que pasar de una zona de pasturas y sabanas naturales, con predominio de la ganadería, a una producción arrocera "implica una serie de cambios sustantivos en la cultura social de la región, con fuerte impacto en las condiciones de vida de los pobladores locales. Decir esto es hablar de identidad cultural, esto es del conjunto de valores, tradiciones, hábitos, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionante dentro del grupo social de esa región".


Sella señala que, teniendo precisamente en cuenta que los cambios propuestos implicarán una verdadera transformación en las políticas sociales, laborales, productivas y culturales de toda la región colindante al arroyo Ayuí Grande y siendo que los principales estudios de impacto se han centrado preferentemente en lo económico pero muy pobremente en lo social, acerca este informe para conocimiento de la Legislatura correntina "a fin de que al momento de aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos se tenga en cuenta la implicancia del impacto acumulado que representan, para la sociedad y los ecosistemas, el conjunto de los desmontes y cambios en el uso de la tierra potencialmente permitidos en la provincia de Corrientes".

Fuente: Defensor del Pueblo http://www.defensor.gov.ar/noticias/noti02-sp.htm
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La Justicia correntina anuló el Decreto Provincial de ordenamiento de los bosques nativos

La Justicia hizo lugar a la demanda de la Fundación Iberá contra el Estado de la Provincia de Corrientes, declarando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del Decreto 1439/09 dictado por el exgobernador Arturo Colombi. “Las autoridades correntinas habían actuado en forma apresurada pero ilegal, ahora la justicia puso las cosas en su lugar”, señaló la fundación correntina.

Mercedes, Corrientes, 22 de Diciembre de 2009: Mediante un fallo del Juez Gustavo René Bufill la Justicia Civil de la ciudad de Mercedes (Corrientes) declaró la nulidad absoluta del Decreto 1439/09, que pretendía ordenar los bosques nativos de la provincia de Corrientes, declarando su ilegalidad e inconstitucionalidad. “El Juez actuó con absoluta independencia y un profundo apego a la legalidad” declaró la patrocinante de la demanda Dra. María Belén Blanco.

“Es que el gobernador Arturo Colombi había firmado un Decreto inconstitucional, para poder terminar su gestión con la aprobación de ciertos proyectos agrícolas que requerían de permiso de desmontes”, explicaron desde la Fundación Iberá. “Sin embargo, es la propia constitución de Corrientes la que señala que la regulación de las leyes de presupuestos mínimos sólo pueden ser realizadas por Ley, y no por la vía del Decreto”.

La fundación había advertido de ésta y otras irregularidades en el precipitado proceso de ordenamiento de los bosques nativos de Corrientes, montado en ausencia de un verdadero ejercicio participativo, con mapas completamente injustificables, donde áreas valiosas del bosque del Espinal quedaban sin protección alguna, sospechadamente al servicio de intereses de empresas con expresas intenciones de desmontes.

Fallo ejemplar
El fallo tiene una relevancia fundamental, por la implicancia que podría tener sobre el ejercicio de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos. “Los juristas de las provincias que aprobaron sus planes de ordenamiento por decreto, deberían analizar cuidadosamente este fallo, así como sus respectivas constituciones provinciales, para revisar si sus decretos son o no legítimos. En el caso de Corrientes, quedó demostrado que no lo era y que las autoridades no habían analizado convenientemente su propia Constitución”, señaló el biólogo Aníbal Parera.

Entre las implicancias de la sentencia, se encuentra el desmoronamiento del operativo montado por el propio Arturo Colombi y su Ministro de Producción Alfredo Aún, quienes a pocas horas de abandonar la gestión de gobierno habían firmado otro Decreto, esta vez para aprobar la Represa del Arroyo Ayuí Grande, en las inmediaciones de la misma ciudad correntina de Mercedes. Esta última maniobra también había sido advertida por la Fundación Iberá, exigiendo incluso la impugnación de una Audiencia Pública convocada a los efectos de tramitar dicha aprobación por el titular del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) Mario Rujana.

La coartada que vinculaba el (ahora nulo) Decreto de Bosques Nativos con la Represa del Ayuí, quedó al descubierto por la defensoría del Estado, cuando en respuesta al pedido de Amparo señaló que “…La aprobación de proyectos de desmonte recién estaría comenzando a partir del próximo 4 de Diciembre con la Audiencia Pública de Ayuí” (textual).

El juego limpio

Si bien pretendía argumentar la “ausencia de daño”, la explicación no hizo más que exponerlo y la explicación indujo al magistrado interviniente a señalar que “El peligro de daño –por reconocimiento expreso del demandado (emisor del decreto cuestionado)– es cierto y concreto y no una indagación meramente especulativa”.

Para el presidente de la Fundación Enrique Lacour: “Corrientes se merece un uso sustentable y ordenado de sus riquezas naturales, y en particular de sus bosques nativos. Uno que pueda contar con el consenso y participación de la ciudadanía, y no realizado por funcionarios irresponsables, al servicio de intereses inmediatos”.

El caso del ordenamiento de los bosques correntinos, claramente vinculado con el operativo de aprobación de una represa que había sido señalada como “Jurídicamente inaceptable” por el reconocido constitucionalista Daniel Sabsay, cobra ahora una dimensión mayor, y la escandalosa conducta de los funcionarios provinciales involucrados es puesta bajo la lupa de la Fiscalía Federal de Investigaciones en Materia Ambiental.

Acceda aquí al fallo que declara la nulidad absoluta del Decreto 1439/09:
http://www.proteger.org.ar/download/archivos/fallo-amparo-ctes-ibera-ayui.pdf

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El gobernador Arturo Colombi dejó firmada la aprobación de la represa horas antes de abandonar su silla

Horas antes de entregar el bastón de la gobernación a su primo Ricardo Colombi, el Gobernador saliente Arturo Colombi sorprendió con la firma del Decreto 2359/09 que pretende habilitar la polémica Represa que inundaría el curso del Arroyo Ayuí Grande para irrigar miles de hectáreas de arroz para Copra y Adeco Agro.




Mercedes, Corrientes, 10 de Diciembre de 2009:

Los funcionarios, los empresarios y el núcleo de pseudo-científicos promotores de la intentona por represar el curso del Arroyo Ayuí Grande para dejar 8.000 hectáreas de bajo las aguas de un inmenso lago artificial tenían la jugada perfectamente montada. El viernes 4 de Diciembre harían la Audiencia Pública en Mercedes (un requisito indispensable según el Código de Aguas de Corrientes), el lunes 7 se firmaría la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que ya estaba previamente escrita, al igual que el Decreto del Gobernador, firmado apenas horas más tarde, y antes de entregar el sillón de la gobernación a su primo Ricardo Colombi.

Todo sucedió como lo habían anunciado los anónimos emitidos desde las propias oficinas de gobierno, que describirían con vergüenza ajena, pero sin poder poner firmas, lo que estaba cantado que sucedería.

Pasaron por encima de todo, de las normas básicas de nuestra sociedad, las más elementales, la Constitución, pero luego atentaron contra todos los códigos, en especial los morales.

La Audiencia Pública había sido impugnada por un recurso extraordinario de la Fundación Iberá, por una larga lista de irregularidades. La misma organización había presentado una demanda (Recurso de Amparo) para anular un Decreto anterior que daba aprobación a un Plan de Ordenamiento de los Bosques Nativos, hecho a medida de estos empresarios, cargando con enormes irregularidades.

Sin embargo, hicieron caso omiso de una y otra cosa. No transcurrieron ni siquiera 24 horas hábiles para responder, o esperar el fallo de la justicia (que en este caso se demoró en exceso…). Desde el ICAA no llegaron siquiera a redactar el acta de la Audiencia, cuando ya tenían aprobado todo. Aún con la oposición de 3.200 firmas presentadas en el simulacro de audiencia.

El amanecer del nuevo día es para los empresarios del Ayuí, y la ciudadanía correntina, con nuevo Gobernador y una represa inescrupulosamente habilitada… La gran pregunta es ¿Cuál será ahora la conducta del nuevo gobierno? ¿Y cual la de la Justicia correntina?

Entre tanto, la indignación crece, no sólo entre los círculos ambientalistas, sino en la ciudadanía, que se ha sentido engañada, pues fueron pocos los que no advirtieron que aquella audiencia, y todo lo que precipitadamente ocurrió a continuación era un circo montado por empresarios sin escrúpulos, con autoridades domesticadas que habitaban dentro de las jaulas.



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Reflexiones sobre la Pantomima

Por Sebastián Barbará

Absurdo, desatinado, oscuro, irracional, disparatado, necio, anacrónico; la lista de adjetivos podría continuar hasta agotar los recursos léxicos del idioma y, aun así, es probable que no se pudiera calificar con adecuada precisión al proyecto de megarrepresa Ayuí Grande. Y si tal es la circunstancia del proyecto, ¿qué decir de los argumentos esgrimidos en su defensa? ¿Cómo abarcar cabalmente, desde la lengua, esa puesta en escena montada bajo el aspecto de audiencia pública? ¿De qué manera hacer que quien recorra estas líneas logre hacerse una idea de lo acontecido? El desafío no es menor, sobre todo cuando, de manera obscena, ha quedado en claro que hay mucha, demasiada gente que no está dispuesta a hacer el más mínimo esfuerzo en comprender ciertas cosas; tal vez por incapacidad, tal vez por una acotada concepción de las conveniencias particulares y generales. Pero es posible que un relato más o menos aplicado de los sucesos, las circunstancias y las significaciones contribuya a que algunos adviertan la manada de elefantes que pasa frente a ellos, a que otros recuperen la vergüenza, y a que se corran algunos velos maliciosos y los miopes, que son muchos, puedan ver con algo más de claridad.

En principio, más allá del grotesco show resultante, es menester aclarar que esta audiencia pública estuvo viciada desde la misma convocatoria, ya que según un magistrado provincial, la misma no reunía los requisitos legales necesarios. A ello se agrega el hecho de haber sido convocada por un gobierno saliente, pocos días antes de caducar y que, más allá de su vigencia legal, carece totalmente de legitimidad política tras la aplastante derrota sufrida en las urnas; circunstancia quizás más degradante que la figura del "lame duck" yanqui y que debería instarlos a abstenerse de tomar decisiones temerarias en temas tan controversiales. Pero, al cabo, el proyecto ha mostrado un severo desapego al cumplimiento de la ley desde su misma concepción, por lo tanto, hay que reconocer que, en este sentido, sus impulsores se conducen con gran coherencia.

Asistí al acto público esperando escuchar precisiones técnicas acerca del proyecto en cuestión, algo que vengo esperando desde bastante tiempo; pero, en cambio, me encontré con un montaje publicitario que no era sino una extensión de la campaña propagandística conque nos vienen bombardeando y distrayendo a fin de desviar la atención de las cuestiones centrales que están en discusión y, de ese modo, llevar el debate al terreno que les conviene, aun cuando, en ese punto, ya se trate sobre temas que nadie puso -ni pondría jamás- en discusión. Pero sabido es que el sentido común es el menos común de los sentidos; que la mediocridad prohijada por las deficiencias educativas se generaliza cada vez más y la primacía de los intereses mezquinos lleva a optar por salidas facilistas, a pensar proyectos corroídos por la inmediatez y una avidez desenfrenada por el lucro, sin medir convenientemente las posibles consecuencias de los propios actos.

Allí donde debió prevalecer el discurso técnico e informativo, reinaron discursos tribuneros, propios de demagogos y políticos de medio pelo; si bien, de a ratos, tomaba la palabra alguien cuyo discurso hubiera despertado la envidia del mejor vendedor ambulante, si hubiese estado presente. Y si resultó más que patético observar la manera en que la mayoría de los presentes se dejaba arrastrar hacia el pantano de una discusión estéril, no le fue en zaga el obsceno exhibicionismo del desfile de voluntades adquiridas, que abarcó a empresarios de toda talla, comerciantes, trabajadores, "periodistas" y hasta algún científico de pretendido prestigio, todos quienes en ningún momento pudieron disimular el guión mal aprendido, la ausencia de espontaneidad, la obligación por nobleza, o la escasez de racionalidad en sus alocuciones. Pero como en toda pantomima no deben faltar los payasos, aquí los hubo y en cantidad; y subieron a escena ya fuera para descalificar, arengar, apoyar con cuanto argumento estuviese a mano y sonara más o menos importante, o simplemente para lo que mejor saben hacer, esto es, hacer reír, cumpliendo a rajatabla con el requisito principal de todo fantoche: no tener miedo al ridículo. Todo aquel que pretendió volver la discusión a su cauce recibió pronta respuesta negativa de parte de la claque, a todas luces patrocinada por quienes intentan imponer el proyecto, y que se sumó al grotesco aportando una manifiesta mediocridad que la llevó a vitorear, por no comprender del todo, algún discurso con tendencia más bien crítica. Tan burda fue su actuación que hasta dio lugar a que algunos purgaran su conciencia instando a respetar las disidencias; porque una cosa es violar la Constitución y las leyes, pero mucho cuidado con transgredir la etiqueta de una audiencia pública.

Con todo, apenas un par de horas de presenciar el acto bastaron para sacar conclusiones y plantearse algunos interrogantes, a saber:




- Las argumentaciones apuntaron a defender el trabajo, como si alguien, en algún momento, hubiese abogado por el ocio y la desocupación. Que se entienda de una buena vez: nadie les niega que puedan desarrollar libremente sus deseos de trabajar, tan sólo se les exige que lo hagan, como corresponde, dentro del marco de la ley; sin avasallar los derechos de otros. Nadie se opone al cultivo de arroz, lo que está en discusión es el cómo, esto es, la forma en que se lo debe desarrollar; y volvemos a lo principal: hay que ajustarse a derecho. Si existen proyectos alternativos que, de igual modo, traerían el sinfín de beneficios pregonados como leitmotiv del proyecto ¿por qué insistir en algo tan monstruoso y controversial?




- La interpretación del concepto de “trabajo” resultó más que llamativa: pude enterarme de que “trabajar” es “trabajar” si y sólo si implica levantarse temprano (más precisamente, a las 4:00 AM) y realizar algún tipo de esfuerzo físico. Todo lo demás, queda reducido a “Mirar pajaritos”. Quizás, algún día, quienes así lo entienden puedan comprender que dentro del conjunto de actividades que arbitrariamente han quedado englobadas en tal denominación, se encuentran aquellas que han logrado sacar a la especie de las cavernas, aquellas que han sido y siguen siendo el motor del progreso en todos los campos de la actividad humana, incluso el trabajo; porque si el mundo ha avanzado en diversos aspectos, poco tuvieron que ver en ello los perritos de sulqui y las mulas de carga, y mucho aportaron los pensadores. En cualquier caso, lo que quedó más que claro es que hay muchos que no están haciendo trabajar demasiado a sus cerebros; porque tanta unanimidad es sospechosa; sabido es que, si todos piensan lo mismo, quiere decir que algunos no están pensando.




- Como es público y notorio que escasean argumentos legales y técnicos a favor del proyecto, no faltó quien acudiera a la mística, desempolvando argumentos que fueron verdades absolutas hasta hace, tal vez, un siglo. Pero es comprensible, siempre es mejor, es más tranquilizador, tener a un dios de su lado; sobre todo un dios pretendidamente omnipotente que sostenga el perimido paradigma antropocentrista y mande dominar absolutamente todo; y que, de puro misericordioso, perdonará todas y cada una de nuestras faltas, aún cuando estas sean cometidas con plena conciencia de que se está procediendo mal. Y si acaso faltara algo, Dios proveerá; y si algo fallara, Dios sabrá por qué hace las cosas; y si extinguimos alguna especie, Dios lo quiso; y sus caminos son misteriosos; y hágase su voluntad así en la tierra como en el agua, esto es, en el agua del Ayuí. La ignorancia de las masas siempre fue redituable para los poderosos y, muchas veces, ignorar o fingir que no se sabe exime de culpas; porque el saber, el tomar conciencia de las cosas, implica asumir responsabilidades; entonces, es mejor que sea la voluntad de Dios, porque entonces la culpa se dispersa, es de todos y, cuando es así, la culpa es de nadie. Pocas cosas son tan ridículas como querer profundizar un modelo de producción que se ha agotado nada menos que por poner en peligro la misma supervivencia de nuestra especie; en especial cuando el mundo se dispone a discutir, precisamente, la necesidad de un cambio de paradigma productivo que intenta relocalizar al hombre en el contexto planetario.




- Un argumento recurrente en la propaganda pro megarrepresa ha sido el hambre mundial y la necesidad de producir alimentos para paliarlo. Pero tan grande es el corazón de la U.T.E. que lo ha convertido casi en la razón única de su proceder y, aparentemente, la sola conciencia acerca de la existencia de este flagelo los ha sumido en un estado de premura y emoción violenta que les ha hecho olvidar algunas realidades: que el problema del mundo no es la escasez de alimento, sino la injusta y desproporcionada distribución de los mismos, y eso es algo que no lo solucionará el proyecto Ayuí Grande; o que para hacer el bien es desaconsejable elegir el camino del mal, como lo es el violar los contratos de convivencia que acuerdan las sociedades (leyes). Por si quedara alguna duda, baste recordar que quienes actúan movidos por sentimientos altruistas jamás se valen de cualquier medio para conseguir sus fines, porque esa misma conciencia moral que genera el impulso de hacer el bien exige obrar bien en cada instancia hasta lograr el objetivo; y, por el contrario, quienes persiguen fines mezquinos, reñidos con el bien común, nunca vacilan en valerse de cualquier medio para satisfacer sus intereses.




- Para quienes no tengan el corazón tan grande, también hay razones de peso: la promesa de trabajo a mansalva y una producción de riqueza cuyo derramamiento propiciará el bienestar económico de Mercedes. Ante ello volvemos a la ineludible verdad de que, con proyectos alternativos, se podría lograr exactamente lo mismo; pero antes que eso, existen razones para dudar del verdadero destino de la riqueza que se estima podrá generarse. Y es que, en el mes de Abril de 2009, una nota de Jorge Lanata publicada en el diario Crítica y de la que se hicieron eco otros medios (salvo los pertenecientes al Grupo Clarín, ya se verá por qué), relataba el caso de un agente financiero de nacionalidad argentina, quien trabajaba administrando los modestos ahorros de algunos connacionales en la colosal financiera JP Morgan, con asiento en los Estados Unidos. Algunas desprolijidades en el manejo de ciertos fondos hicieron que el mencionado agente se entregara a la justicia en carácter de “arrepentido”, por lo cual entregó una lista de su cartera de clientes, quienes a partir de la intervención judicial están bajo investigación por lavado de dinero y evasión impositiva. Algunos de los nombres que figuraban en dicha lista como propietarios de cuentas ciertamente millonarias son harto conocidos: Ernestina de Noble (propietaria de Clarín) y José Aranda, miembro del directorio de Grupo Clarín; aunque por estas tierras sea, quizás, más conocido por ser el propietario de la empresa Copra S.A., la cabeza más visible de la U.T.E. y tal vez la principal impulsora del proyecto Ayuí Grande. Entonces, inevitablemente, surgen interrogantes: ¿Qué destino tendrán las harto pregonadas ingentes ganancias de la producción de arroz? ¿Habrá un retorno en inversión genuina para Mercedes o se producirán millones para que alguien siga fugando capitales del país hacia sus ya sustanciosas cuentas off shore?


Y los planteos podrían seguir, porque, por ejemplo, nadie parece haberse acordado de que miles de nuevas hectáreas de arroz u otros cultivos requerirán toneladas de agroquímicos, que varios estudios están señalando como cancerígenos y cuya aplicación resultaría en la presencia de una nube tóxica a un tiro de piedra. Muchos de quienes dejaron la propia dignidad frente al micrófono en la audiencia pública con el fin de defender el proyecto son productores agropecuarios, miembros de un sector que, razonablemente, se ha desgañitado reclamando, al gobierno nacional, reglas de juego claras y justas; pero no obstante, no han vacilado en dar apoyo a quienes abiertamente pretenden avasallar las normas vigentes en un espectro que va desde la Constitución Nacional hasta el Código de Aguas de la provincia ¿La coherencia? Bien, gracias. Ni qué hablar de un gobierno provincial que se ha mostrado más cercano a pasar a formar parte de la U.T.E. que de defender las leyes que fundamentan su propia existencia.

¿Qué expectativas despierta el recambio gubernamental? pues, aunque la primera evidencia nos muestra una abierta desobediencia al mandato recibido en las urnas, cualesquiera hayan sido los motivos, la esperanza de que alguien se decida a observar el cumplimiento de la ley -al cabo eso es lo que se jura al asumir- siempre estará presente; de lo contrario, ya nada justificaría estas líneas. Porque si el pueblo asiste a una tragedia que arteramente es representada en clave de pantomima, y se da el caso de que no consiga notar la diferencia o, peor aún, que lo acepte mansamente y a conciencia, entonces quiere decir que, como sociedad, tenemos un grave problema. Y es algo que no lo arregla el director de la obra por sí solo, necesariamente debe participar el público. Pongamos manos a la obra.

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Copra y Adeco Agro pusieron su maquinaria en marcha

Para represar el Arroyo Ayuí Grande

 No se trata todavía de la maquinaria motriz para construir los paredones de la presa, sino de la mediática y del ejercicio de influencias sobre el gobierno correntino y la ciudadanía.
 Montaron en la Audiencia Pública del 4 de diciembre un escenario a la medida de sus ambiciones, preparado para convencer sobre el derrame económico del proyecto y demostrar los apoyos suficientes.
 Se adueñaron de la agenda de la reunión dominando las intervenciones, proveyendo transporte a oradores a favor, convocando firmas con métodos rayanos en lo extorsivo, administrando discursos a medida y alentando silbatinas dirigidas a quienes defienden el arroyo Ayuí.


La Audiencia Pública convocada el pasado 4 de diciembre por el ICAA para presentar el Proyecto de la Represa del Ayuí Grande en Mercedes, Corrientes, que –por improcedente– había sido objeto de un recurso extraordinario de impugnación por parte de la Fundación Iberá, se llevó a cabo en la ciudad de Mercedes evidenciando un escenario montado a la medida de los intereses del grupo empresarial, y con autoridades que se mostraron domesticadas al efecto.

La audiencia comenzó a las 7 de la tarde con la presentación del proyecto y su Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), enfocando casi exclusivamente los beneficios materiales que serían derramados por el proyecto en la ciudadanía, a través de 1.300 puestos de trabajo. El dato curioso apareció cuando los técnicos agrónomos mencionaron la superficie de irrigación que podrían lograr con la represa, porque de 28.000 hectáreas, promocionadas hasta entonces y en ediciones anteriores, pasaron a un vago “15 o 20 mil hectáreas” (que luego se acomodó en 15.000 has durante las siguientes presentaciones). Sin embargo, los puestos de trabajo nunca dejaron de ser los originales 1.300… Quedó una pregunta latente ¿Habrían olvidado actualizar esta cifra, o 28.000 hectáreas proveerán de igual trabajo que 15.000?

Cuestionable o no, con el dato en carpeta, los titulares de la empresa Copra habían recorrido comercios, asociaciones, consejos de profesionales, cámaras de empresarios y hasta clubes de futbol, levantando adhesiones. Hay que reconocer que hicieron un gran trabajo, y muchísimos fueron los estamentos que atendieron a la lógica convocatoria de los beneficios.

“Estos apoyos son entendibles ¿Quién no quiere más trabajo, más dinero circulando en el pueblo, mejores oportunidades locales para evitar la migración de jóvenes que caracteriza a Corrientes?”. Pero al ocultar deliberadamente los daños ambientales y sobrepasar las leyes vigentes, empleando sofisticada cosmética, las empresas –e incluso el Gobierno–, obraron de manera irresponsable, creando expectativas en la gente y una lógica demanda que luego resulta perfectamente manipulable. Ansiedad, angustia y más tarde reclamo y hasta agresividad hacia los eventuales “detractores”, se convierten en armas convenientemente empleadas por los impulsores del proyecto.

En el transcurso de la audiencia, que tuvo al Ing. Ricardo Freire (Copra) al comando de los controles, fueron apareciendo en escena distintas expresiones de apoyo: los fabricantes de maquinaria, repuesteros, camioneros, trabajadores rurales, contratistas, consignatarios, profesionales. Un conocido comerciante local confesó: “Me vinieron a buscar varias veces para firmar, y lo hice… una, porque imagino que darán más trabajo, otra, porque no quiero que me lo saquen ahora”.

¡Hasta un sector (no menor) de la prensa proveyó un comunicado de apoyo!, algo que resultó insólito tomando en cuenta el principio de “imparcialidad” que debe regir su ética cuando un tema se presenta con posiciones encontradas en la sociedad. Para ciertos observadores, los contratos de publicidad de los distintos medios resultaron mandatorios. Hay que decir, en favor de muchos periodistas que no por ello dejaron de publicar, en las últimas semanas, los comunicados a favor del Ayuí que sistemáticamente proveyó la Fundación Iberá pagando “cero peso” en materia de publicidad y alquiler de espacios.

“Es que esta es una campaña que hacemos sin presupuesto alguno”, explicó el presidente de la entidad Enrique Lacour, “ninguno de nosotros cobra nada, ni aun los profesionales que nos asesoran, biólogos y abogados de prestigio y trayectoria. Tenemos por principio no pagar un solo espacio en la prensa, y sin embargo, la gente y los medios están ávidos de nuestras noticias vinculadas a este tema del que la sociedad parece presa. Muchos piensan que esto es una barbaridad, pero simplemente no se animan a decirlo”.


Impacto Ambiental

En cuanto a la Evaluación de Impacto Ambiental, su presentador fue el polémico Ing. Agr. De la UBA Jorge Adámoli, quién dedicó la mitad de su tiempo a intentar desarmar supuestos artificios empleados por las fracciones “ecologistas” que defienden el Arroyo Ayuí, proponiendo para ello una nutrida variedad de expresiones inverosímiles, que se encargó de asignar a los mismos y machacar de “Falso” con taxativos carteles.

“Nuestros detractores, que son unos pocos, dicen que vamos a inundar el Iberá… Pues eso es FALSO”… “Dicen que se inundarán 137 km de costas, cuando en verdad son 137 has de bosques”… , FALSO. Y siguió de esa forma durante algunos minutos, advirtiendo sobre la manipulación a cargo de los defensores del Ayuí (algunos de los cuales en la sala tomaban nota para más tarde señalar tal bajeza al ingeniero).

Adámoli podía dedicarse a eso ya que las garantías de fundamentar una represa ambientalmente neutra, o aún beneficiosa, vendrían de la mano de un audiovisual enviado por el Dr. Otto Solbrig (Emérito de la Universidad de Harvard) –aunque habría que decir “supuestamente enviado” para salvar el prestigio del conocido biólogo–, que sorprendió por su excelente factura, musicalización, mezclas de imágenes y enfática locución. Sin embargo, a la hora de mencionar la biodiversidad de la zona, por ejemplo “a las aves que se verían beneficiadas”, mostraba una cotorrita australiana. Los biólogos presentes concluían en silencio: “O a Solbrig no le enviaron el video, o de aves de la zona conoce poco…”

Más allá de la nota de color, el presentado como imparcial evaluador externo había confesado haber cobrado dinero de las empresas para realizar su evaluación. Es que a esta altura, el hecho de que la EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) fue completamente desarrollada por los propios interesados es algo que nadie se encarga de esconder: ¡los propios gerentes de la compañía son los promocionados líderes de la Evaluación de su Impacto! En estas circunstancias ¿Alguien esperaría una evaluación que no sea favorable a las empresas?


Discursos agresivos ¿Signo de debilidad?

La retórica de los discursos –muchos de ellos redactados por personas diferentes de las que se encargaron de leerlos, cuestión que se evidenció por la cantidad de furcios devenidos de la escasa práctica en su lectura; además de convenientemente colocados al principio en orden preconcebido; pendulaban indefectiblemente del elogio a la Represa –como la panacea local del empleo–, al repudio a los “ecologistas”, a los que se trató de holgazanes, fanáticos, emisarios del imperio norteamericano, corruptos, facciosos y simuladores. Mayormente con la aclaración de que eran “unos pocos”…

De hecho, al menos en esa sala, eran efectivamente pocos. Es que estar allí para dar la cara era algo reservado para valientes, y hay que reconocer que no la pasaron muy bien. Cuando una de las primeras expresiones a favor del Ayuí apareció de la mano de Pedro Healy (que más que “ecologista” es un divulgador y dirigente de la ruralidad correntina), abucheos y faltas de respeto no se hicieron esperar (…”Agarrá la pala”, se escuchó entre otros improperios). La autoridad no intervino a tiempo, sino tibiamente y más tarde. El propio Ing. Adámoli, que había denostado previamente a los ecologistas, se encargo de pedir “un poco de respeto”.

En un clima de completo éxtasis por los beneficios de todo tipo que traería esta represa, los defensores de la naturaleza, las cabezas más visibles de la oposición a la represa, tuvieron que esperar hasta pasada la medianoche. Cuando el público ya raleaba, llegaron las intervenciones de estrictos 5 minutos y sin pantalla previamente montada: la Escribana María Mercedes Vallejos (en nombre del Abogado Constitucionalista Daniel Sabsay), la Abogada Ana Carola Galeano, Horacio Cardozo, Enrique Lacour y Aníbal Parera (a los que se sumó la voz inesperada y vívida de un productor arrocero afectado por una represa en la propia cuenca del Miriñay, el Sr. Luis Picolini). Este último contó de qué forma aquella represa lo había dejado sin agua, recalcó la insensibilidad en su administración, y dejó copia de sus documentos. De alguna manera fue el abanderado de los ausentes pero preocupados productores de la cuenca del Miriñay.

Sin embargo, amuchados al final, los puntales de la defensa del arroyo correntino lograron instalar un momento diferente, en donde varios de los oyentes alcanzaron a reflexionar sobre la legitimidad y las bases mismas de este proyecto. Al demostrar claramente que no se está en contra de la producción de arroz, ni de ninguna otra práctica agrícola bien llevada, sino de la intensión de sepultar el Ayuí (expresado especialmente por el biólogo Parera), se escucharon inesperados aplausos de la tribuna de productores.

La escribana certificó las firmas de más de 3.200 personas que se manifestaron en contra de la represa en distintas partes del país y el mundo.


Plataforma legal vacía

Quedaba para el final un “plato fuerte” de las empresas: su apoderado legal. Sin embargo su discurso fue sorprendente, dado su calificación, ya que en lugar de dedicarse a rebatir los argumentos legales esgrimidos principalmente en el discurso de Sabsay; se distrajo en una escalada increpante a los ecologistas, caracterizándolos con toda clase de epítetos, arrancando los consabidos aplausos de la tribuna.

Notable también fue la inmediata liberación de una extensa gacetilla de prensa, cuidadosamente labrada en base a los contenidos de una gran cantidad de discursos, a favor de la represa, donde ni la Impugnación presentada por la Fundación Iberá ni ninguno de los discursos en contra de la represa fueron expresados. En 5 páginas de sobreabundantes expresiones, apenas se dijo que los empresarios estaban satisfechos “considerando que las 7 u 8 personas que pusieron objeciones a lo largo de la noche no expusieron elementos técnicos vinculados al Proyecto en sí mismo, sino que hicieron cuestionamientos de tipo ideológico”. Para la gente que analiza un poco más del promedio, este no es más que un signo de debilidad en los argumentos.

Pues en adelante, los “siete u ocho”, productores, profesionales y ciudadanos comunes calificados de “ecologistas ideologizados”, alentados por otros 3.200 que firmaron en contra de que se haga esta represa (nómina que incluye perfiles de todo tipo y hasta un integrante de la Evaluación de Impacto Ambiental), y por los que por lógico pudor social, o temor a perder sus fuentes de ingresos, no se animan a mostrarse, pero aprueban desde el llano, están ahora tocando las puertas de la Justicia.

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